El gas Licuado de Petróleo (gas LP) es un combustible limpio, transportable, eficiente, con alto poder calorífico y que permite mejorar la calidad de vida de la población. Es considerado como uno de los combustibles que mejor puede ayudar a la transición energética del País.

Por esta razón, la industria de distribución de gas LP es una de las más importantes para la vida económica y social del País, pues se estima que cuatro de cada cinco familias utilizan este energético, lo que lo convierte en uno de los más utilizados en la vida diaria de la población y, por ende, su distribución se convierte en uno de los sectores con más impacto en las familias mexicanas.

En esta industria participan más de 500 mil trabajadores que se esfuerzan todos los días para hacer llegar el producto a los 36 millones de hogares con prontitud y rectitud.

De ahí la importancia de que las autoridades permitan y fomenten el sano desarrollo y crecimiento de esta industria, desde su importación, transporte, almacenamiento y distribución, ya sea en cilindros o en tanques estacionarios.

A lo largo de 60 años, esta industria ha vivido diferentes etapas que la han llevado a convertirse en un mercado maduro, competitivo y que opera con los estándares más altos en materia de seguridad. Actualmente cuenta con más de 400 empresas 100 por ciento mexicanas que realizan de más de un millón de servicios y operaciones diarias.

La población requiere de seguridad energética, porque sus actividades cotidianas y sus necesidades energéticas son cubiertas por medio del uso de este combustible. De una correcta operación del mercado dependen millones de hogares mexicanos ya que, por su realidad socioeconómica y por la flexibilidad de este combustible, éste es el único al que estos hogares tienen acceso. De acuerdo con varios distribuidores, más o menos con 100 pesos que pagan por él, les permite cubrir sus necesidades energéticas una semana, facilidad que no les brinda otro combustible.

Sin embargo, aunque la gran aportación que esta industria le hace al País, ésta se ve limitada o empañada por una cantidad creciente de problemas que le aquejan. Finalmente, esta industria refleja las decisiones que las autoridades han tomado a lo largo de su historia.

En la actualidad, dentro de los principales problemas que afectan a la industria, están, de manera enunciativa pero no limitativa: el creciente mercado de gas de origen ilícito, la sobrerregulación, la inseguridad y la incertidumbre jurídica. Si bien algunos de ellos dependen de la relación con las autoridades del ramo, otros están en la esfera de atribuciones de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Para tener una industria a la altura de sus millones de usuarios es necesario que la autoridad atienda y se acerque a tan importante mercado. Los problemas que la aquejan deben ser atendidos de manera horizontal y con apoyo decidido de todos los órdenes de Gobierno por funcionarios capacitados y con actitud de servicio.

El más grave de éstos -el mercado ilícito- debería ser elevado, incluso, al rango de Seguridad Nacional, por las afectaciones que genera en la industria, en la creación de empleos formales y en la recaudación fiscal. De hecho, se estima que las afectaciones rondan los mil 100 millones de pesos mensuales. Como tal, es imprescindible atraer la atención de las autoridades federales, de los órganos reguladores y de los encargados de vigilar y controlar el tráfico internacional y local de este combustible para asegurar que su origen sea lícito.

Por el dinamismo de este sector, es igual de importante que las autoridades reguladoras (la ASEA, la CRE y la Sener) también tengan y mantengan abiertos los canales a través de reuniones continuas con esta industria para atender sus problemáticas cotidianas. Una mesa de ayuda, un curso o Webinar periódico o una línea que sea atendida por un funcionario, en vez de una respuesta automatizada por parte de un conmutador, por ejemplo, serían de gran utilidad.

Para ir un poco más allá, la creación de una ventanilla única que permita al regulado atender todas sus obligaciones en materia regulatoria sería, quizá, una de las más grandes y recurrentes solicitudes de los empresarios, pues contribuiría a reducir significativamente la carga y el costo implícito en su cumplimiento.

La población lo merece. Es una imperiosa necesidad que ya genera una deuda histórica con los usuarios finales de este energético.

Escrito por: */ José Carlos Femat Romero Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Historia y Desarrollo Económicos por la London School of Economics and Political Science (LSE).

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